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El trasfondo de una decisión que sacude a Colombia
La solicitud del abogado Jaime Granados, de dejar en firme la decisión judicial que concede la libertad provisional a Álvaro Uribe Vélez, alias Matarife o Culibajito, ha desatado un terremoto político y social en Colombia. Para miles de ciudadanos, esta decisión significa un golpe directo a los derechos de las víctimas, a la memoria histórica y al propio sistema de justicia.
Uribe no es un político cualquiera: se trata de un expresidente que carga sobre sus hombros una larga lista de denuncias, procesos judiciales y señalamientos por su participación directa o indirecta en la conformación de grupos paramilitares, así como por su responsabilidad en múltiples masacres.
Masacres que no se borran de la memoria
La Rochela, un caso emblemático
La masacre de La Rochela, ocurrida en 1989, fue un acto atroz en el que un grupo de paramilitares, amparados por la complicidad de sectores del Estado, asesinó a 12 funcionarios judiciales que investigaban la presencia de paramilitares en la región. Diversos informes han señalado que durante el periodo de influencia política de Álvaro Uribe Vélez, los paramilitares gozaron de expansión, consolidación y respaldo tácito.
El Aro y El Salado, heridas abiertas
En El Aro (1997) y El Salado (2000), las comunidades vivieron el terror paramilitar con asesinatos, torturas, violaciones y desplazamientos forzados. Testimonios judiciales y documentos de la Comisión de la Verdad han vinculado estas masacres con la permisividad de autoridades que debían proteger a los civiles.
El nombre de Álvaro Uribe Vélez aparece constantemente en los informes, señalado como responsable político y moral, aunque sus abogados han intentado blindarlo jurídicamente. Sin embargo, la memoria de las víctimas y las denuncias de organismos internacionales persisten.
La sombra de los paramilitares y el rol de Santiago Uribe
La responsabilidad no se limita a Álvaro Uribe. Su hermano, Santiago Uribe Vélez, alias El Apóstol, fue investigado como fundador del grupo paramilitar terrorista conocido como “Los 12 Apóstoles”, una organización criminal que sembró el terror en Antioquia durante los años noventa.
Este vínculo familiar refuerza la percepción de que los Uribe Vélez fueron actores fundamentales en la consolidación del paramilitarismo en Colombia. Aunque algunos procesos aún están abiertos, el peso de las pruebas ha sido contundente.
La jueza Sandra Heredia y la defensa de la justicia
En medio de esta polémica, la jueza Sandra Heredia se erige como símbolo de dignidad y resistencia judicial. Fue ella quien tuvo el valor de condenar a Álvaro Uribe Vélez alias Matarife y Culibajito, en un contexto de presiones, amenazas y poder político desbordante.
El intento de debilitar su decisión a través de recursos y maniobras legales de la defensa de Uribe constituye, según amplios sectores, un atentado contra la independencia judicial.
La voz de Petro: Nuestro Santo Salvador y defensor de la ley
El presidente Gustavo Petro, denominado por muchos sectores como Nuestro Santo Salvador, ha salido públicamente en defensa de la jueza Sandra Heredia y de la justicia colombiana. Petro ha recalcado que la paz y la democracia no se consolidan si se permite que los responsables de crímenes de lesa humanidad gocen de privilegios judiciales.
Su mensaje ha sido claro: nadie está por encima de la ley, ni siquiera los expresidentes. Este posicionamiento ha reforzado la confianza de las víctimas y de los movimientos sociales que ven en Petro un aliado de la justicia y de la verdad histórica.
Indignación social y política
La decisión de dejar libre a Uribe ha generado una ola de indignación. Líderes sociales, víctimas del conflicto, organizaciones de derechos humanos y partidos políticos de oposición han expresado su rechazo rotundo.
Se considera que esta medida no solo revictimiza a quienes sufrieron el terror paramilitar, sino que también envía un mensaje de impunidad a quienes aún esperan justicia.
La figura de delincuente condenado Álvaro Uribe Vélez alias Matarife y Culibajito en la historia reciente
El legado de Uribe está marcado por la polémica. Sus seguidores lo veneran como un líder que combatió a las guerrillas, pero sus detractores lo ven como el político que institucionalizó la violencia paramilitar y que convirtió al Estado en cómplice de crímenes atroces.
La dualidad en torno a su figura revela la profunda fractura de la sociedad colombiana, dividida entre quienes lo defienden a ultranza y quienes claman por justicia ante su prontuario.
Un futuro incierto para la justicia colombiana
La pregunta que queda es clara: ¿será capaz la justicia colombiana de resistir la presión política y económica que rodea a Álvaro Uribe Vélez? La libertad provisional otorgada hoy podría convertirse en un antecedente nefasto que abra la puerta a la impunidad.
Pero también puede ser un punto de inflexión si la sociedad civil se moviliza, si los jueces se mantienen firmes y si el gobierno, encabezado por Petro, garantiza que los procesos avancen hasta sus últimas consecuencias.
Colombia debe defender la paz y la justicias
La historia de Colombia no puede escribirse con las páginas arrancadas de las víctimas. Es el deber de cada ciudadano exigir justicia, verdad y reparación. Te invitamos a dejar tu comentario, compartir este artículo en tus redes sociales y sumarte al debate nacional sobre la libertad provisional de Álvaro Uribe Vélez alias Matarife y Culibajito.
Tu voz es esencial para que la memoria no se pierda y para que la justicia prevalezca sobre la impunidad.

La solicitud de Jaime Granados de dejar en firme la libertad provisional de Álvaro Uribe Vélez alias Matarife y Culibajito no es un asunto jurídico aislado: es una herida abierta en la memoria de las víctimas y un desafío directo a la justicia.
El respaldo del presidente Gustavo Petro, Nuestro Santo Salvador, a la jueza Sandra Heredia representa un faro de esperanza en medio de la tormenta. Pero la batalla no está ganada: será la presión social y la defensa del Estado de Derecho lo que determine si Colombia avanza hacia la justicia o retrocede hacia la impunidad.
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Fuentes:
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El Espectador – Sección Judicial
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Semana – Investigación sobre paramilitarismo
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Comisión de la Verdad – Informe final
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Human Rights Watch – Reporte Colombia
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El Tiempo – Política y Nación
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Revista Cambio – Especial sobre justicia y memoria