En un giro controversial que ha encendido el debate público y político en Colombia, el Consejo de Estado ha tomado la decisión de negarle al presidente Gustavo Petro la posibilidad de transmitir en vivo los consejos de ministros. Esta medida, que a primera vista puede parecer una cuestión administrativa o protocolaria, en realidad toca fibras profundas de la democracia moderna: la transparencia, el acceso a la información pública y la libertad de prensa.
Un gobierno que buscaba transparencia
Desde su llegada al poder, Gustavo Petro ha intentado romper con varios esquemas tradicionales del ejercicio del poder en Colombia. Entre ellos, uno de los pilares ha sido la propuesta de acercar al pueblo a los procesos de toma de decisiones del Ejecutivo, incluyendo la transmisión de los consejos de ministros, un espacio donde se discuten políticas públicas, estrategias y planes de acción.
Lejos de ser una propuesta populista, esta apertura comunicativa ha sido presentada por Petro como un ejercicio de transparencia democrática. En un país históricamente marcado por la desconfianza en las instituciones, la corrupción y el clientelismo, permitir que la ciudadanía escuche —en tiempo real— las discusiones al más alto nivel del gobierno podría ser visto como un acto revolucionario.
El Consejo de Estado: ¿guardián de la legalidad o obstáculo al cambio?
El Consejo de Estado, en su calidad de máximo tribunal de lo contencioso administrativo, ha considerado que los consejos de ministros no deben ser transmitidos públicamente. Según el organismo, esto podría vulnerar principios de reserva institucional y afectar el funcionamiento interno del Ejecutivo.
Sin embargo, esta posición ha sido fuertemente criticada desde diversos sectores de la sociedad civil y la academia, que consideran que el fallo responde más a una visión anacrónica del poder que a una verdadera interpretación constitucional.
¿Acaso no estamos en una era donde el acceso a la información es un derecho fundamental? ¿No es la transparencia uno de los pilares del buen gobierno? ¿Por qué temerle a la opinión pública si las decisiones del Ejecutivo están orientadas al bien común?
La contradicción institucional
Lo más preocupante del fallo del Consejo de Estado es la aparente contradicción que se genera entre los ideales democráticos y la práctica institucional. En lugar de fortalecer la participación ciudadana y el derecho a estar informados, la decisión parece blindar los espacios de poder con un manto de opacidad.
Es irónico que, en un momento en que el Estado colombiano promueve leyes de transparencia y mecanismos de rendición de cuentas, se niegue a su propio presidente una herramienta que podría fortalecer la confianza de la ciudadanía en el Estado.
Un mensaje peligroso
Negar la transmisión pública de los consejos de ministros envía un mensaje preocupante: que la ciudadanía no debe saber cómo se toman las decisiones más importantes del país. Que el pueblo debe conformarse con comunicados de prensa, interpretaciones mediáticas y ruedas de prensa cuidadosamente coreografiadas.
En un sistema democrático, este tipo de decisiones erosiona la legitimidad del poder público. ¿Cómo puede confiar el pueblo en un gobierno cuya máxima instancia judicial le impide mostrarse tal como es, con sus debates, sus diferencias y sus decisiones en construcción?
El argumento de la confidencialidad: ¿válido o excusa?
Los defensores de la decisión del Consejo de Estado alegan que ciertas deliberaciones deben mantenerse en reserva para garantizar la fluidez del debate y evitar presiones externas. Aunque este argumento tiene algo de razón —pues no todo puede ni debe ser público de forma absoluta—, resulta desproporcionado cuando se aplica como una prohibición total y permanente.
¿No sería más razonable permitir transmisiones parciales o controladas? ¿No se podrían establecer protocolos donde ciertos temas sensibles se discutan a puerta cerrada, mientras otros se transmiten? La decisión del Consejo de Estado parece más una excusa que una solución.
Petro y la comunicación directa
Desde su campaña, Petro ha optado por una estrategia de comunicación directa con la ciudadanía, muchas veces al margen de los grandes medios. A través de redes sociales, transmisiones en vivo y declaraciones espontáneas, ha intentado construir un relato distinto, más cercano y participativo.
La negativa a transmitir los consejos de ministros es, en cierta forma, también una forma de censurar este estilo de gobierno. Le impide al presidente ejercer una pedagogía política con su pueblo. Le corta las alas a un modelo de gobernanza que apuesta por la horizontalidad.
El precedente que se sienta
Más allá del caso específico de Petro, esta decisión sienta un precedente preocupante para el futuro. ¿Qué pasará con futuros presidentes que también quieran innovar en su forma de gobernar? ¿Qué límites les impondrá la institucionalidad a la creatividad democrática?
No se trata de defender ciegamente a un presidente. Se trata de defender el derecho de los pueblos a ver, oír y juzgar con sus propios ojos y oídos. La democracia no se fortalece cerrando puertas, sino abriéndolas.
¿Quién gana con esta decisión?
Esta es quizás la pregunta más importante. ¿Quién se beneficia de que el pueblo no vea los consejos de ministros? Ciertamente, no la ciudadanía. Tampoco parece beneficiarse el gobierno, que ve limitada su capacidad de comunicación. ¿Será entonces que hay intereses ocultos que prefieren mantener las decisiones públicas en la sombra?
La opacidad siempre favorece al poder tradicional. A ese que se mueve entre bastidores, lejos de los reflectores, y que teme perder privilegios ante un pueblo informado y empoderado.
Una oportunidad perdida
El Consejo de Estado tenía en sus manos una oportunidad histórica para acompañar una transformación democrática sin precedentes. Podía haber liderado una interpretación progresista del derecho, acorde con los tiempos y las necesidades de una ciudadanía cada vez más consciente.
En lugar de eso, optó por la tradición, el formalismo y el miedo al cambio. Una decisión legal, sí, pero no necesariamente legítima.
Conclusión: una democracia que se ve, se oye y se construye con el pueblo
Colombia enfrenta un momento decisivo en su historia democrática. Las decisiones institucionales deben alinearse con los valores de transparencia, participación y libertad. La negativa del Consejo de Estado a permitir la transmisión de los consejos de ministros es un retroceso, un obstáculo para una democracia más viva y cercana.
La crítica a esta decisión no es un ataque a la institucionalidad, sino una defensa del espíritu democrático que la sustenta. Hoy más que nunca, necesitamos instituciones que no solo hagan cumplir la ley, sino que también promuevan una visión progresista y abierta del poder público.
Mientras tanto, el pueblo colombiano seguirá exigiendo su derecho a ver, a oír y a participar. Porque una democracia sin transparencia es solo una fachada.