La reciente controversia desatada por la supuesta intervención de la senadora Isabel Cristina Zuleta en un operativo contra estructuras criminales de Medellín ha sacudido el panorama político nacional. La Alcaldía, apoyada en filtraciones de inteligencia, acusa a la senadora del Pacto Histórico de pedir “frenar” las capturas de cabecillas delictivos, mientras transportaba a estos mismos individuos a un acto público con el presidente Petro. Pero, ¿qué tan cierta es esta acusación? ¿O estamos ante un intento de proteger intereses cuestionables? En este artículo desentrañamos la trama, exponemos contradicciones, señalamos las acusaciones infundadas y preguntamos por la responsabilidad de los políticos investigados.
Cobertura crítica y polémica sobre las acusaciones contra la senadora Isabel Cristina Zuleta y la Alcaldía de Medellín por supuestamente frenar capturas de criminales. Revelamos las contradicciones, denunciamos la manipulación mediática y analizamos las implicaciones políticas del caso.
El origen de la acusación: inteligencia policial y tensiones políticas
El 30 de junio de 2025, Semana reveló que la Alcaldía de Medellín envió a la Fiscalía una grave acusación: la senadora Isabel Cristina Zuleta, coordinadora en Medellín del llamado “pacto por la paz urbana”, supuestamente habría pedido no capturar a cabecillas de la banda “La Terraza” tras alertas de inteligencia que vinculaban a alias Douglas .
Según los informes, los criminales filtraron la planificación de un operativo a la Alcaldía y la Fiscalía, mientras Douglas amenazaba con “volarle la mierda al zarzo” si se concretaba. A partir de ahí, la versión oficial sostiene que Zuleta “intervino” para detener el plan.
La tarima con criminales: un acto público que desafía la lógica
Solo unos días antes, que varios de estos mismos cabecillas salieran de prisión para acompañar al presidente Gustavo Petro en un acto en La Alpujarra, liderado por la misma senadora Zuleta . Un traslado que, lejos de responder a un operativo policial, fue respaldado por el Gobierno como parte de una negociación socio‑jurídica con estructuras criminales.
Esto no solo contradice la postura oficial: demuestra que las capturas no estaban en juego, pero el show mediático sí. ¿Realmente habría presionado Zuleta para no detener criminales, o simplemente facilitó un acto institucional polémico?
La respuesta oficial: ¿defensa razonada o manipulación mediática?
La Consejería de Paz del Gobierno salió al paso declarando que la senadora tenía facultades para gestionar traslados como parte de conversaciones legales con las bandas . Incluso se presentó una queja disciplinaria contra Zuleta por este traslado previo al acto .
Sin embargo, ningún documento probatorio ni audio de presiones a la Policía han sido presentados. La acusación se basa en manifestaciones indirectas de inteligencia. En ausencia de evidencia directa, el pronunciamiento de la Alcaldía se parece más a una cortina de humo para justificar un desplante político inteligente: un tiro que apunta a blindarse frente a críticas actuales sobre su propia gestión.
Contradicciones del discurso: ¿qué se está encubriendo?
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Amenazas vs. investigación real: Si realmente existía amenaza, ¿por qué no se coordinó un plan contingente?
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Transporte público de criminales: El mismo día en que presuntamente se frenan capturas, se les permite participar en un evento.
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Falta de pruebas: No hay pruebas claras de presiones directas. Solo filtraciones que se prestan al juego político.
El telón de fondo: alcaldía investigada por corrupción y vínculos oscuros
El caso tiene más miga cuando recordamos que la actual administración de Medellín está bajo lupa por múltiples irregularidades:
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Paramilitarismo urbano: Organizaciones de víctimas y movilizaciones sociales han denunciado que en varios barrios existen toques de queda y retenes hechos por grupos armados, sin respuesta contundente de la alcaldía .
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Vínculos con la fuerza pública: Reportes señalan que el Secretario de Seguridad y exfuncionarios estarían en investigación por favorecer bandos criminales locales .
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Desvío de fondos y corrupción administrativa: Aunque no vinculados directamente al caso, existen procesos abiertos contra funcionarios locales por manejo irregular de recursos, amplificando la sensación de impunidad y cinismo.
El patrón que se repite
La acusación a Zuleta no surge en un vacío político; encaja en un patrón: criminalizar voces disidentes y diluir debates legítimos sobre políticas de paz urbana, a costa de generar márgenes de impunidad.
Mientras tanto, la verdadera pregunta no es si ella frenó capturas, sino si la Alcaldía ha permitido la penetración de bandas en la ciudad mientras desvía la atención hacia opositores.
Conclusión crítica: acusaciones sin sustento, ocultamiento declarado
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Las declaraciones de la Alcaldía carecen de pruebas sólidas. No hay evidencia pública que demuestre que Zuleta coaccionó a la Policía.
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El transporte de cabecillas a un acto oficial es una provocación política calculada, utilizada como arma contra la senadora.
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El foco debería estar en la alcaldía: en sus vínculos con organizaciones criminales urbanas, el oscurantismo en manejo de seguridad y la sombra de corruptelas municipales.
Queda claro que la narrativa oficial arremete contra Zuleta para distraer. Los verdaderos responsables, los que permitieron que Medellín se convierta en escenario de grupos armados y operaciones clandestinas, deben rendir cuentas. Porque en política, cuando no hay pruebas, sobran las preguntas.