Ibagué, Tolima – La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, se encuentra en el centro de la atención pública tras la radicación de una queja formal ante organismos de control del Estado. La denuncia, presentada de manera anónima pero con detalles específicos, señala un posible abuso de autoridad en la designación de un funcionario que no cumpliría con los requisitos legales para el cargo.
Detalles de la denuncia
Según el portal CambioIn, la mandataria habría nombrado a Julián Hernández en el cargo de profesional universitario en el área de fisicoquímicos del laboratorio de Salud Pública de la Gobernación del Tolima. La queja alega que este nombramiento se realizó sin respetar los principios de mérito y transparencia, ya que el cargo debía ser provisto mediante un concurso orientado por la Función Pública .Cambioin
La denuncia fue dirigida a diversas entidades, incluyendo la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, solicitando una investigación exhaustiva sobre el proceso de selección y nombramiento.
Implicaciones legales
De comprobarse las irregularidades señaladas, tanto el funcionario nombrado como la gobernadora podrían enfrentar sanciones. La ley colombiana establece que los nombramientos en cargos de carrera administrativa deben realizarse con base en el mérito, garantizando la transparencia y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos
Contexto político
Adriana Magali Matiz, quien asumió la gobernación del Tolima en 2024, ha sido una figura destacada en la política regional. Su administración ha enfrentado diversos desafíos, incluyendo cuestiones de seguridad y desarrollo social en el departamento. Este nuevo señalamiento se suma a las críticas y demandas de mayor transparencia en la gestión pública.
Reacciones y próximos pasos
Hasta el momento, la gobernadora no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto a la denuncia. Se espera que las entidades competentes inicien las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades del caso.
Gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, enfrenta críticas por presuntas irregularidades y politización de su gestión
La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, se encuentra en el centro de la controversia debido a denuncias por presuntas irregularidades en nombramientos y señalamientos de ineficiencia en la administración departamental.
Presuntas irregularidades en nombramientos
Según el portal CambioIn, se ha presentado una queja formal ante organismos de control del Estado, señalando un posible abuso de autoridad en la designación de un funcionario que no cumpliría con los requisitos legales para el cargo. La denuncia fue dirigida a diversas entidades, incluyendo la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, solicitando una investigación exhaustiva sobre el proceso de selección y nombramiento.
Críticas por ineficiencia y politización
Además de las denuncias por nombramientos, la gobernadora ha sido objeto de críticas por presunta ineficiencia en la gestión de recursos y proyectos en los municipios del Tolima. Líderes locales han expresado su preocupación por la falta de inversión equitativa en los 47 municipios del departamento, incluyendo la capital, Ibagué. El exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, ha señalado que hay una “poca o nula inversión” en varios municipios, y ha hecho un llamado a los alcaldes para que gestionen con mayor firmeza ante la Gobernación.
Asimismo, se ha cuestionado la politización de la administración departamental, con señalamientos de que las decisiones administrativas podrían estar condicionadas por filiaciones políticas. Los alcaldes han coincidido en que los recursos deben beneficiar a todos los municipios por igual, sin importar su orientación política.
Reacciones y próximos pasos
Hasta el momento, la gobernadora no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto a las denuncias y críticas. Se espera que las entidades competentes inicien las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades del caso.
Orden De Arresto
El origen del conflicto: tutela y docente en zona PDET
En marzo de 2025, la profesora Diana Magaly Muñiz, adscrita a la Institución Educativa Risaralda – Sede Chontaduro, en una zona de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) de Chaparral, interpuso una acción de tutela. Argumentó que el lugar rural donde se desempeñaba no garantizaba el acceso a servicios de salud para su hija menor ni la educación secundaria para su hija mayor, violando sus derechos fundamentales
El Juzgado Segundo Penal de Chaparral falló a favor de la docente el 20 de marzo, ordenando a la Gobernación del Tolima y a la Secretaría de Educación realizar su traslado a un establecimiento urbano de Chaparral de forma inmediata.
Incidente de desacato y sanción judicial
Pese a que la administración departamental argumentó haber cumplido parcialmente el fallo —trasladando a la docente a otra sede rural “más cercana”— el juez Álvaro Piedrahíta consideró que tal medida no satisfacía lo dispuesto en la tutela y admitió un incidente de desacato el 8 de mayo
En consecuencia, el 12 de mayo se notificó la sanción (frecuentemente llamada “orden de arresto”): dos días de retención domiciliaria para la gobernadora Matiz y para su secretario de Educación, Andrés Felipe Bedoya Cárdenas, además de la mencionada multa económica. Asimismo, el juez compulsó copias a la Fiscalía General por posible fraude a resolución judicial
Ineficiencia y falta de cobertura en los municipios
Lejos de ser un caso aislado, fuentes de la región coinciden en que este episodio refleja un patrón de ineficiencia en la administración departamental de Matiz.
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Inversión desigual: Alcaldes de municipios como Lérida, Rovira y Melgar han denunciado falta de recursos para proyectos básicos (agua potable, vías terciarias, salud), mientras la Gobernación prioriza agendas políticas y rituales protocolares en Ibagué
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Atención tardía: En marzo, comunidades de Planadas y Ortega reportaron demoras injustificadas en la entrega de kits agrícolas, pese a haberse aprobado los recursos en diciembre de 2024.
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Quejas por trámites: Habitantes de 15 municipios consintieron en una misiva pública dirigida a la Secretaría de Hacienda, quejándose por demoras de hasta 45 días en la evacuación de giros ordinarios.
Estas fallas en la ejecución de programas sociales han ampliado la sensación de desamparo en las zonas rurales, justo en departamentos donde la construcción de paz y el desarrollo territorial son prioritarios.
Politización contra el presidente Petro: mandato del “barretismo”
A la par de las omisiones en la gestión, Matiz ha concentrado sus esfuerzos en estigmatizar las políticas del gobierno central. En varios eventos públicos —incluso en foros de alcaldes— ha cuestionado la estrategia de “paz total” del presidente Gustavo Petro y ha acusado a su administración de “intervencionismo” en asuntos regionales, en línea con la agenda del llamado “barretismo” en Ibagué (corriente política liderada por el exalcalde Andrés Fabián Hurtado, afín al Partido Conservador)
Líderes del barretismo han expresado en reuniones privadas su inconformidad con la línea dialogante de Bogotá, presionando a Matiz para proyectar una imagen confrontacional. Sus detractores argumentan que, mientras Matiz se moviliza en caravanas y cadenas de WhatsApp contra Petro, descuida la atención de las necesidades más urgentes de 47 municipios.
Reacción oficial y defensa de la Gobernación
Tras conocerse la orden judicial, la Gobernación emitió un comunicado señalando:
“Hicimos todo lo procedimentalmente posible para acercar a la docente al casco urbano de Chaparral y garantizar sus derechos; sin embargo, entendemos el mandato judicial y acataremos la decisión del juez”
El secretario de Educación, Bedoya Cárdenas, defendió que la tutela original fue aceptada bajo la premisa de un compromiso de permanencia de 10 años en zona rural y que el traslado parcial buscó equilibrar dicho acuerdo con las necesidades de la docente.
Implicaciones políticas y judiciales
La sanción abre varios frentes:
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Disciplinario: La Procuraduría General de la Nación estudiará si cabe una investigación por abuso de autoridad o extralimitación de funciones.
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Penal: La Fiscalía podría indagar el posible delito de fraude a resolución judicial, caso en el cual Matiz y su entorno enfrentarían cargos más graves.
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Reelección y credibilidad: El respaldo ciudadano de la gobernadora, cuestionado tras los comicios de 2023, podría erosionarse aún más si persisten estos casos de desacato y mala ejecución presupuestal.
Testimonios y clamor social
— “En el corregimiento de La Marina la gente ni siquiera ve transitabilidad segura para ir al hospital”, denunció un líder comunitario de Chaparral, quien prefirió el anonimato.
— “Mientras la señora Matiz tuitea contra Petro, nosotros seguimos sin luz en el colegio”, manifestó la docente de Ibagué, Juliana Torres.
Las redes sociales del Departamento han registrado un 35 % de reacciones negativas en las últimas dos semanas, un indicador de la creciente insatisfacción ciudadana.
Balance y próximos pasos
El 15 y 16 de mayo, la Gobernación deberá reportar ante el juzgado las acciones concretas tomadas para cumplir la tutela original. De no hacerlo, los dos días de arresto podrían ser ejecutados en días laborales, lo cual complicaría la agenda de Matiz.
En el plano político, diversas bancadas en la Asamblea del Tolima barajan solicitar un debate de moción de censura contra la mandataria, apelando a la Ley de Garantías y al artículo 143 de la Constitución, que prevé la pérdida de investidura por “incumplimiento de sentencias judiciales”.